Washington, EE.UU. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que podría declarar una emergencia nacional en Washington D.C. si las autoridades locales dejan de cooperar con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), en medio de un debate creciente sobre la seguridad y el manejo de la migración en la capital.
El mandatario republicano criticó a la alcaldesa demócrata Muriel Bowser, quien, según indicó, comunicó al Gobierno federal que la Policía Metropolitana dejará de colaborar con ICE en la expulsión y reubicación de migrantes indocumentados considerados peligrosos.
“Si yo permitiera que esto sucediera el CRIMEN volvería con fuerza. A la gente y los negocios de Washington D.C., NO SE PREOCUPEN, ESTOY CON USTEDES Y NO PERMITIRÉ QUE ESTO SUCEDA. ¡¡¡Si es necesario declararé una emergencia nacional y federalizaré!!!”, escribió Trump en su red social, Truth Social.
Guardia Nacional y control federal
El pasado 12 de agosto, Trump ya había ordenado el despliegue de la Guardia Nacional en la capital, bajo un mandato inicial de 30 días, con el objetivo de enfrentar los altos niveles de delincuencia. Según el presidente, esa intervención permitió que Washington pasara de ser “una de las ciudades más peligrosas” a convertirse en “una de las más seguras”, con restaurantes y negocios “llenos” y, prácticamente, “sin crimen”.
No obstante, el mandatario sostuvo que cualquier retroceso en la cooperación con ICE pondría en riesgo la seguridad alcanzada, lo que justificaría declarar una emergencia nacional y asumir un control federal más amplio.
El contraste de posturas entre la Casa Blanca y la administración local de Washington D.C. refleja una creciente tensión política sobre cómo enfrentar la violencia urbana y la crisis migratoria en Estados Unidos.
Analistas políticos consideran que la amenaza de Trump de declarar una emergencia nacional en Washington refleja su estrategia de mostrarse como un presidente firme ante el crimen y la inmigración irregular. Sin embargo, críticos señalan que la medida podría interpretarse como una intromisión en la autonomía de la capital, generando un precedente peligroso en la relación entre el Gobierno federal y las administraciones locales.
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